Se gobierna con recursos materiales y simbólicos, con palabras y hechos, apelando a la memoria histórica y prefigurando un horizonte. En dosis diversas, son elementos que no pueden faltar en la construcción diaria de poder. Tampoco las bases de sustento, el anclaje social, el abanico de adhesiones concretas, más allá del respaldo de los votos. Los gobiernos K los han tenido desde el 2003. De modo escaso, al comienzo, cuando una débil legitimidad de origen ponía como desafío consolidar la erosionada autoridad presidencial y restañar las heridas de un sistema político en plena crisis de representación. De modo amplio, luego, cuando se afianzó de cara a la sociedad, corriendo los límites de lo posible, dando respuestas a demandas postergadas, tanto del orden económico como social y político.

Ahora la situación parece otra, o por lo menos esa es la sensación que queda luego de infinitos días de conflicto con “el campo”. La capacidad de movilización mostrada por este sector, su naturaleza heterogénea, la multiplicidad de actores más allá de los tradicionales e instituidos, la dinámica que adquirió la puja implícita entre dirigencia y autoconvocados y, sobre todo, la alianza entre sus distintos segmentos, desnudaron el desconocimiento por parte de la sociedad y del gobierno, sobre este universo complejo y algunas falencias en la política de alianza posibles (y necesarias) con algunos de esos sectores. Y esto, más allá de la pertinencia de gravar su rentabilidad extraordinaria y poner fuera de discusión la potestad del Estado de intervenir en la economía del país. La cobertura sesgada de la mayoría de los medios masivos de comunicación pusieron sobre la mesa un nuevo mapa de adhesiones y detractores.

Por Fernando Braga Menéndez

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