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Por: Soledad Ricca

El Gobierno anunció ayer que entregará $ 230 millones a las provincias más afectadas por la sequía, la peor de los últimos cien años. Los productores de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa, Buenos Aires y Chaco comenzarán a recibir el dinero a partir de la semana que viene.
Durante una reunión de las entidades del campo (SRA, CRA, FAA, CARBAP y Coninagro); junto con la subsecretaria de Producción Agropecuaria y Forestal de la Secretaría de Agricultura, Carla Campos Bilbao; y el jefe de Gabinete del SENASA, Carlos Milicevic, los productores reclamaron además que se homologuen las leyes de Emergencia Económica provinciales y de la Nación en las regiones afectadas.
En Río Negro, una de las provincias más complicadas, algunos ruralistas perdieron hasta el 50% de sus animales y no pudieron comenzar con la siembra debido a la escasa humedad de los suelos. Mientras que Santa Fe perdió entre un 15% y un 20% de su rodeo vacuno.
«Es imposible calcular la cantidad de animales que murieron en el país por la sequía que atravesamos. Sólo en Santiago del Estero se perdieron 40.000 cabezas de ganado. Las pérdidas son irrecuperables, y el Gobierno debe hacerse cargo de solucionar este grave problema», dijo Javier Jayo Ordoqui, secretario de CRA.

Salarios

Además, debido a la crisis por la que atraviesa el sector, los dirigentes rurales le pidieron a Bilbao que el Estado ayude a los dueños de los campos a pagar los sueldos de los empleados para evitar generar despidos. En Chubut existen 9.500 puestos de trabajo -directos- en riesgo.
«Queremos mantener los puestos de trabajo, pero con las pérdidas que tenemos es imposible. Por eso le pedimos al Estado que nos ayude para poder seguir pagando los salarios a los empleados», dijo Jayo Ordoqui.
Además, los productores insisten al Gobierno con la baja de las retenciones a las exportaciones de lana. Este producto se exporta tanto lavado como sucio y paga un 5% y un 10% respectivamente de retenciones.

Fuente: Ambito Financiero

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Este documento fue presentado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), al cumplirse 25 años de democracia en el país

“Cuando los dirigentes agropecuarios hablan del campo, los califican de sectoriales y egoístas, y cuando hablan del país, los descalifican por politizados. Todos los argentinos debemos opinar sobre el país; ése es nuestro compromiso ciudadano.
“La destrucción de las instituciones es la triste realidad del presente. La calidad de vida de los argentinos está fuertemente vinculada a la salud de las instituciones de la Constitución, cuyo mal funcionamiento produce un alto costo social.
“La Justicia ha perdido prestigio, calidad intelectual, eficacia. Se la manosea, se echan y ponen jueces a través de un Consejo de la Magistratura desnaturalizado, manipulado por políticos afines al Gobierno. En soledad la Corte Suprema trata de mantener su independencia.
“El Congreso Nacional, órgano republicano por excelencia, ha perdido independencia, al existir una mayoría absoluta oficialista que obedece en forma automática las instrucciones o deseos del Ejecutivo; ha perdido representatividad, al reconocerle al partido político y no a los electores ni al propio legislador, la titularidad de la banca y la libertad de criterio para ejercerla; y ha perdido federalismo, pues los diputados siguen a su jefe político y los senadores, que han desvirtuado su esencia, no responden al interés de sus provincias sino que se han convertido en una segunda cámara sin una auténtica representación provincial.
“Las agremiaciones de todo tipo, laborales, empresariales, económicas y aún las puramente sociales, son amedrentadas o silenciadas a través de amenazas u ofertas a sus dirigentes.
“El Gobierno se ha convertido en una corporación minoritaria, al servicio de sus propios intereses, que busca satisfacer a costa de los del país.
“En tan destructivo proceso, el Gobierno ha dejado de ser el coordinador de los intereses sociales, el prestador de los servicios esenciales y el escenario para proponer (no imponer) políticas estables.
Autoridad moral
“Se declama con un discurso que confunde intencional y falsamente, la redistribución del ingreso, con el desaliento a quienes producen; manteniendo en cautiverio a quienes no tienen nada y sometiendo a las provincias a la obsecuencia y el atraso.
“La sociedad, frente a tal abandono de la autoridad moral por parte del Gobierno y la desarticulación sistemática de las instituciones, le ha perdido el respeto a la ley, a los derechos y garantías constitucionales, al orden social, teniendo como primer ejemplo de tal violación a los propios gobernantes y funcionarios.
“El trabajo y el esfuerzo han dejado de ser un valor, sustituyéndose la dedicación, capacitación y constancia, por la mera búsqueda de resultados inmediatos.
“El atropello sustituyó al respeto por los demás y a la auténtica solidaridad, que no consiste en ayudar ante una catástrofe o desgracia, sino en colaborar cada uno para que aquellas situaciones no se produzcan.
“La soberbia se ha impuesto como la actitud de todo aquel que tiene o cree tener algo de poder.
“La democracia, para ser estable, necesita del funcionamiento pleno de sus instituciones con una economía sana y con una justa distribución de los bienes. La educación, la producción y el desarrollo local son eslabones estratégicos de una cadena que promueve la cultura de la laboriosidad, de la que el campo siempre ha dado destacado ejemplo.
“Vivimos un proceso de tal gravedad que, de continuar, puede seguir empeorando en ininterrumpida decadencia, o terminar otra vez en una crisis caótica. Sólo un retorno a nuestras bases culturales, aquellas que hicieron que nuestra Patria se constituyera, consolidara y desarrollara; sin que se trate de un trasnochado regreso a tiempos idos, sino de una recuperación de los fundamentos éticos y legítimas aspiraciones, puede revertir nuestra actual caída libre.
“Para ello, la ciudadanía debe regenerar por sí misma el tejido social, sus vínculos genuinos, sus alianzas legítimas, su protagonismo en todos los niveles más allá del individualismo y de la actividad particular. Los productores agropecuarios somos ciudadanos responsables que construimos la Nación en nuestras comunidades, porque además de exigir nuestros derechos, cumplimos nuestros deberes. El compromiso comunitario, social, político, tendrá que convertirse en parte vital de la formación y el accionar de todos.
Porvenir
“La República, asentada en un verdadero federalismo, con plena independencia de sus poderes y con la fortaleza que el funcionamiento pleno de sus instituciones puede dar, está por nacer.
“¡Vamos argentinos! Comencemos ya la tarea de reconstrucción, para que pronto podamos decir: ¡Vamos Argentina! Sintiéndola bien propia, no sólo por nuestro inalterable amor por ella, sino por la emoción de contribuir todos los días a hacerla.

Fuente: La Nación

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El martes y el miércoles pasado, productores autoconvocados y algunos agremiados a la Federación Agraria Argentina y a Carbap volvieron a manifestar su descontento por la actual gestión de la presidenta Cristina Fernández, a la vera de las rutas y frente a las casas de gobierno de varias provincias.
La protesta, que coincidió con la celebración de los 25 años de democracia en la Argentina, puso en evidencia que la crisis que originó el largo conflicto con el Gobierno no ha terminado y que para contrarrestar los efectos de la caída de la rentabilidad del negocio agropecuario es imprescindible que se generen nuevas políticas. En las concentraciones también quedó claro que los ruralistas no abandonan la idea de “retomar la lucha” en las rutas si no se atienden sus reclamos. El mensaje fue asumido por el dirigente Alfredo De Angeli, quien aseguró: “Muy pronto, si no hay soluciones, volveremos a la trinchera”. Sin embargo, dada la espontaneidad de su discurso, hizo expresa la necesidad de apoyo: “Le pido a la Comisión de Enlace Nacional que se una tras objetivos comunes y que sigamos la lucha. Hay gente que dice que estamos divididos”.
En Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Salta y Chaco los productores pidieron mayor apoyo a los mandatarios provinciales. En rigor, les reclamaron que intercedan por el campo ante el gobierno central, dado el peso de las actividades rurales en las economías de esas regiones y la falta de diálogo directo con las autoridades nacionales.

Fuente: La Nación

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Por Pablo Domini

Cobra forma la realización de una protesta de productores, comerciantes y la agroindustria de todo el interior para reclamar al gobierno baja de retenciones y un shock productivo que recupere al agro y a las economías que dependen de este sector. El entrerriano Alfredo de Angeli es el principal impulsor de una avanzada que intenta instalar la consigna «el interior de luto», con un paro para el día 10, en coincidencia con los actos previstos por el primer aniversario de la asunción de Cristina Kirchner y los 25 años de la democracia.

De Angeli estuvo ayer en Armstrong junto con productores, intendentes e industriales de la zona sur de Santa Fe. Allí se acordó frenar la actividad comercial y de empresas de la región el 10, una medida que también replicarían en el norte de la provincia, según se definía por la noche, en otra reunión que se realizaba en la localidad de Calchaquí.

En los próximos días De Angeli llevará la misma consigna a Charata, Chaco, y hacia otras localidades afectadas por pérdidas en producciones de granos, ganadería y lácteos. Lunes y martes próximos habrá un congreso de la Federación Agraria que trataría estos temas. En tanto, las cuatro entidades rurales de Entre Ríos ya anunciaron un acto para el 9, con vigilia hasta el día siguiente frente a la Casa de Gobierno. Exigirán al gobernador Sergio Urribarri que interceda ante la administración nacional.

Por su parte, CARBAP, que dirige Pedro Apaolaza, también define medidas de fuerza para el 10. La poderosa entidad, que agrupa a productores de Buenos Aires y La Pampa, tendrá hoy una reunión de sus principales directivos. Desde la Mesa de Enlace nacional no hay aún un llamado oficial en torno a protestas.

«Los problemas vinculados al campo siguen sin solución, y ahora se sumó la crisis internacional. Se cayeron negocios y contratos; las empresas de maquinaria trabajan sin horas extras y suspenden planes de producción», puntualizó ayer Carlos Torres, intendente de Firmat, polo agroindustrial del país, donde se ubica la fábrica de cosechadoras Vassalli, una de las más grandes del país. Tras el encuentro ayer en Armstrong, Torres y un grupo de jefes comunales confirmaron que participarán de la reunión entre la Mesa de Enlace y el vicepresidente Julio Cobos, que se realizará mañana en Buenos Aires. La próxima semana avanzarán con Diputados.

Desde el interior insisten con el pedido de baja de retenciones para la soja y la eliminación para el resto de los cultivos, y que a cambio se pague Ganancias. También pedirán un «shock productivo», vía crédito y obras. Según fuentes gremiales y empresariales, las fábricas de maquinaria acordaron no realizar despidos hasta marzo, pero adelantaron vacaciones y cortaron horas extras. La producción del año próximo se reduciría entre 20% y 30%, cuando los cálculos previos a la crisis local e internacional indicaban que debía registrarse un crecimiento.

Fuente: Ambito Financiero

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Para el gobierno, en cambio, la entidad tiene una actitud “repudiable”.

Son dos temas distintos pero que confluyen en lo que ayer se palpó como posiciones tan antagónicas como irreconciliables, y para decirlo con suavidad. Carbap, lanzó un comunicado advirtiendo que “las instituciones y la república están en riesgo”. Una frase que para algunos puede sonar exagerada, y en cambio otros avalarán.

Compartirán el criterio, por caso, sectores de la oposición reunidos en lo que aparece como un nuevo frente político en ciernes: UCR, Coalición Cívica, y Socialismo. Ante esta posibilidad no faltaron dirigentes nacionales que celebraron la unión opositora “para que las tres fuerzas juntas luchemos contra la hegemonía del matrimonio gobernante, que nos puede llevar a una dictadura”, dijo el radical Luciano Fabris.

El peligro que advierte Carbap esta vez se basa en una resolución del Procurador de la Nación, Esteban Righi “que limita las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, órgano de control interno de la administración con importante grado de independencia hasta ahora”.

La medida redundaría en un escudo de impunidad para los funcionarios del gobierno que en la imaginación de la entidad se presenta casi como un irrefrenable impulso del kirchnerismo por cometer todo tipo de tropelías.

La entidad señala que “la decisión conlleva una grave perdida de institucionalidad, al generar un margen de impunidad en la conducta de los funcionarios poca veces visto”. El ruralismo que conduce Pedro Apaolaza asegura que se ha dado así “otro paso destructivo para el régimen republicano”.

Parejamente, sociedades rurales bonaerenses de Coronel Brandsen Lobos, San Vicente y Pehuajó, y algunas más, todas ellas adheridas a Carbap, decidieron hacer pública la decisión de mandar al matadero un rodeo de 2.000 vacas lecheras el próximo 20 de noviembre para morigerar una complicada situación financiera empresaria, y demostrar también que sobra leche como consecuencia de la intervención del gobierno.

La decisión del ruralismo, que no firmó el acuerdo lácteo con el gobierno nacional, fue calificada por el titular de la Oncca como “un acto irreflexivo”. Ricardo Echegaray indicó que se trata de “un sabotaje a la producción nacional, aniquilando la base productiva del país”.

La frase del titular de la Oncca destila la misma actitud antidemocrática hacia los productores, quienes critican al funcionario por la intervención comercial del gobierno con medidas antidemocráticas que entre otras cosas vulneran la “seguridad jurídica”. Todo sea por la democracia que supimos conseguir.

Fuente: El Enfiteuta

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El secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno está negociando con un sector de la industria láctea un nuevo acuerdo que consiste en fijar el precio de la leche pagado al tambero en 1,0 $/litro a cambio de que el Estado compre –a un valor por determinar– el excesivo stock de leche en polvo y quesos presente en el mercado local.

El 30 de septiembre pasado venció el acuerdo firmado el 2 de julio entre la Secretaría de Comercio Interior, el Centro de la Industria Lechera (CIL) y representantes de los tamberos de las provincias de Córdoba y Santa Fe, por medio del cual se estableció que en la liquidación de julio, agosto y septiembre el precio mínimo de la leche pagado por las usinas sería de 0,94 $/litro.

Sin embargo, en muchos casos dicho acuerdo no se cumplió, dado que los precios pagados al tambero se ubicaron por debajo del piso establecido por entonces en 0,94 $/litro.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (Carbap) rechazó la propuesta al considerar que “hoy la industria láctea no está en condiciones de abonar ni 0,94 pesos por el litro de leche cruda”.

“Desde Carbap entendemos que el secretario de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, Carlos Cheppi, debe firmemente rechazar estas innovadoras y mágicas soluciones imposibles de cumplir”, añadió ayer la entidad por medio de un comunicado.

Fuente: Infocampo

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El titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Ricardo Echegaray, dio un paso más en la profundización de la política de compensaciones: anunció que creará un nuevo registro de operadores agropecuarios, que trae al menos dos novedades:

a) Incluirá a los productores agropecuarios.

b) Se hará en soporte informático. Si bien el registro funciona para una gran cantidad de operadores del comercio granario, pecuario y lácteo (exportadores, acopiadores, tamberos, feedloteros, granjas porcinas, etc.), la intención del titular de la Oficina parece apuntar a tener a toda la cadena agro bajo control.

Esto disparó la automática respuesta de Carbap, la poderosa organización de Buenos Aires y La Pampa adherida a CRA, que calificó de “insensata medida” la iniciativa de Echegaray y apeló a “farragoso e inconducente trámite burocráctico para los productores, transportistas y propietarios de establecimientos agropecuarios”.

El miércoles 10, en ocasión del Foro Rojo, Echegaray le contestó a los hombres de Pedro Apaolaza:

“Son opiniones de dirigentes rurales que están muy alejados de la realidad operativa. Algunas entidades están desinformadas y además actúan políticamente”, disparó.

El martes líderes de CRA y Carbap habían participado de un encuentro convocado por el diputado provincial opositor Jorge Macri (PRO), aunque fuera el disidente Felipe Solá quien terminara acaparando la atención.

Lo cierto es que el nuevo registro resulta una profundización en la política del garrote y la zanahoria que el Gobierno Nacional está teniendo con la actividad agropecuaria.

Es que políticas de intervención como la devolución del flete o la segmentación de las retenciones fracasaron por la falta, precisamente, de un registro que automatice la medida.

Esa carencia fue aprovechada por el ruralismo anti intervención para achacarle el fracaso. Echegaray ya anticipó que la idea es cohesionar en ese registro, que en la práctica funcionaría como una gran base de datos, con información en poder del Senasa (Renspa) y la Afip.

Pero hay quien plantea que un registro de estas características podría servir, eventualmente, para realizar consultas sobre el parecer de los productores respecto de alguna medida a tomar o tomada.

Esta forma plebiscitaria o de consulta directa representaría un desafío a las entidades rurales que expresan en forma indirecta la opinión de la producción.

Como se observa, el planteo detrás del registro tiene una connotación de forma y otra de fondo, para corroer la fortaleza del gremialismo rural.

En tanto, cámaras o agrupaciones que ya participan del sistema de reembolsos, es decir que ya están en el registro, ven bien los cambios. “Va a simplificar”, opina Juan Uccelli, presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos. “Las entidades que participan en los foros no tuvieron cuestionamientos”, apuntaló Echegaray.

Fuente: Infocampo

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Por Soledad Ricca

La Oficina de Control Comercial Agropecuario informó ayer que está trabajando en una nueva resolución a través de la cual controlará a toda la cadena agroalimentaria y «la volverá más transparente». Desde el organismo aseguran que esta nueva norma no es distinta de las que viene aplicando para «blanquear» los negocios del sector agropecuario. La resolución, que será anunciada la próxima semana ya generó duras críticas por parte de los productores.

La norma plantea la creación de un Registro General de Operadores para cuatro cadenas alimentarias: carnes, lácteos, granos y avícolas. Además menciona a todos los operadores que deberían tramitar su inscripción: exportadores e importadores, transportistas, distribuidores, mercados de futuros, corredores de cereales, productores rurales de toda índole, elevadores de granos, plantas arroceras, fábricas de cervezas y destilerías, dueños de campos arrendados, desmotadoras de algodón, balanzas públicas y peritos clasificadores. Además, el organismo tendría la capacidad de aplicar severas sanciones a quienes no cumplan con el trámite.

«La nueva resolución se está analizando y no va a ser lanzada hasta la semana próxima o la otra. No es nada distinto de lo que la ONCCA viene aplicando: se basa en ordenar informáticamente todo el procedimiento de trámites que los productores nos tienen que presentar. Esto va a generar que todo sea más rápido y ágil para los operadores de los mercados que lo venían solicitando desde hace tiempo», aseguró ante este diario Ricardo Echegaray y agregó: «Estamos trabajando para transparentar los mercados».

La noticia no tardó en lograr duras respuestas del sector productor. Ayer, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) que dirige Pedro Apaolaza rechazó «enfáticamente» el proyecto que impulsa la ONCCA «de crear un amplio registro de operadores, el cual incorporará un farragoso e inconducente trámite burocrático para los productores, transportistas y propietarios de establecimientos agropecuarios».

La entidad afirmó que a partir de esta iniciativa, «aquel que pretenda producir en la Argentina deberá tener una licencia que los habilite, de renovación anual. Un verdadero disparate» y se volvió a enfrentar también con Guillermo Moreno.

Echegaray no se quedó atrás con las respuestas y manifestó que «hay que dejar en claro que la ONCCA no depende de Guillermo Moreno para firmar una resolución. Nosotros analizamos las medidas que vamos a tomar y cuando las consideramos factibles las impulsamos firmando la resolución, pero no necesitamos autorización de Moreno», dijo el funcionario.

Fuente: Ambito Financiero

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La entidad rechazó el proyecto del organismo oficial que pretende crear un Registro General de Operadores al considerar que “la medida linda con la inconstitucionalidad”.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa rechazó hoy el proyecto que impulsa la Oncca de crear un registro de operadores que “incorporará un farragoso e inconducente trámite burocrático para los productores, transportistas y propietarios de establecimientos agropecuarios”.
Por medio de un comunicado, Carbap indicó que “a partir de esta iniciativa, aquel que pretenda producir en la Argentina deberá tener una licencia que los habilite, de renovación anual. Un verdadero disparate”.
“La insensata medida de crear el Registro General de Operadores decidida por Ricardo Echegaray y el inefable Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno manifiesta la clara decisión del Ejecutivo nacional de impedir solucionar los graves problemas que padece el sector, persiguiendo sus movimientos con desconocidas intenciones”, señaló el comunicado.
“La medida linda con la inconstitucionalidad, como lo vienen haciendo todas las decisiones que se originan en la Secretaria de Comercio Interior”, agregó.
“Desde Carbap entendemos que la Oncca debe volver urgentemente a la orbita de la Sagpya, de la que nunca debió haber salido, dedicándose a controlar y no a fijar políticas erróneas. El control y el combate de la probable evasión deben efectuarse a través de los organismos naturales y específicos del estado y no mediante absurdas regulaciones de la Oncca que terminan interviniendo en el comercio agropecuario”, concluyó el comunicado.

Fuente: Infocampo

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